miércoles, 16 de diciembre de 2015

§ 81. Cuánto hemos cambiado!!!

   Aunque este no es un Blog político, sí me gustaría hacer una reflexión general sobre cómo ha cambiado este país desde el punto de vista jurídico y social.
Buscando aspectos orgánicos de la libertad sindical me he topado con esta sentencias del TC, la núm. 3/1981, de 2 de febrero. Y aunque el asunto es esencialmente político, sus reflexiones sirven para lo laboral.
   Pero es aspecto destacable es el político. El asunto, aunque a algunos pueda sorprenderse trataba sobre la inscripción de un partido político, el Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)El abogado recurrente eres Joaquín Ruíz-Jiménez Aguilar, lo cual ya nos da una cierta ideal del nivel de compromiso político e institucional que tenían los políticos de la transición política española.
El amparo constitucional se impetra frente a las decisiones del Ministerio del Interior por las que se negó la inscripción en el Registro de Partidos Políticos del referido partido  político.
   Los antecedentes son de libro. Es el típiquisimo caso de amparo constitucional.
   En enero de 1979 se depositó en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior el acta notarial en que se contenían los estatutos del Partido Comunista de España (Marxista- Leninista) al objeto de que se inscribiese este Partido en dicho Registro.
   El Ministerio del Interior se dirigió a la Fiscalía General del Estado "por si de la documentación presentada se dedujesen indicios racionales de ilicitud penal". Presentada la demanda el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 en mayo de 1979 el Juzgado dictó dispuso en su fallo que "desestimando la demanda formulada por el Ministerio Fiscal sobre ilegalidad del llamado Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) debo declarar y declaro no haber lugar a la misma".
   Tras ese fallo se intentó en mayo de 1979 registrar de nuevo el acta fundacional en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio, aportando el fallo de la sentencia, entendiendo, naturalmente, que había desparecido "el impedimento jurídico que obstaculizaba la inscripción solicitada".
    Pero en junio de ese año el Jefe del Registro comunicó a los solicitantes que entre los documentos presentados "se habían observado 'entre otras' un conjunto de deficiencias, afirmando al mismo tiempo que era 'obvio que a la vista de lo señalado resulta imprescindible una reelaboración total de los estatutos de forma que resulten coherentes, ajustados a la Ley y se adecúen con exactitud al art. 6 de la Constitución' ". 
   En julio de ese mismo año los recurrente presentaron un nuevo registro notarial conteniendo una nueva redacción de los estatutos.
   Ese mismo mes el mismo Jefe del Registro les comunicó que "subsistía una deficiencia de las señaladas en la comunicación del 19 de junio, y que la nueva documentación seguía 'sin obviar esa cuestión y otras muchas que, como ya se dijo, es función de ustedes aclarar de forma que alcance unos estatutos mínimamente coherentes, que respondan al funcionamiento real de un grupo que pretende ser en el futuro un partido político y se ajusten a la legislación vigente y a la Constitución' ".
   A iniciativa de los proponentes el mismo Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Madrid se dirigió al encargado del Registro de Partidos Políticos para que, en cumplimiento de la Sentencia, "proceda inmediatamente, bajo conminación de incurrir en desobediencia".
   Pero el Jefe del Registro comunicó al Juzgado que las causas por las que no se había inscrito el partido en cuestión "son de naturaleza estrictamente administrativa y ajenas a esa jurisdicción".
   En julio de 1980 se interpuso el correspondiente recurso de amparo, que esta sentencia resuelve, de manera afirmativa a los intereses de los recurrentes.

   La lectura de los antecedentes de hechos son reveladores de cómo estaban las cosas en este país. Unos hechos similares al día de hoy sería impensables, y una actuación similar de algún "jefe" del registro de partidos políticos sería, por sí, constitutivo de un ilícito probablemente de naturaleza penal.

   La resolución, como no podía ser de otra manera, es estimatoria del amparo constitucional. Pero lo que pretendo exponer es que esta es una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional.

   Hay, con todo, varios argumentos que conviene subrayar, que bien pueden trasladarse sin dificultad a la función institucional de los sindicatos.

   - El derecho a crear partidos políticos (y sindicatos) es susceptible de amparo en virtud del art. 22 CE.
   - El partido político (y el sindicato) es una forma particular de asociación 
   - El artículo 22 no excluye que las asociaciones que tengan una finalidad política.
   - La relevancia de los partidos (y de los sindicatos) viene justificada por la importancia decisiva que esas organizaciones tienen en las modernas democracias pluralistas. Es lo que se se conoce como el "Estado de partidos".
   - Que la estructura interna y funcionamiento de partidos políticos (y sindicatos) deben ser democráticos es una exigencia obligatoria que se impone por el papel relevante que juegan en la sociedad.
 - Los privilegios de los que gozan en forma de subvenciones públicas no se les "reconocen por su simple existencia"  sino en "cuanto concurran a la manifestación de la voluntad popular".

Desde luego, para ser una de las primeras sentencias el Tribunal Constitucional su relevancia es enorme, y potencialidad máxima y su vigencia intemporal.



martes, 23 de junio de 2015

§ 80. Accidentes laborales de Tráfico. 3era edición, 2015

Se presenta al lector la tercera edición de la obra Accidentes Laborales de Tráfico, actualizada con jurisprudencia hasta enero de 2015.

jueves, 18 de junio de 2015

§. 79. La contradicción exigible para la admisión a trámite del RCUD: nada nuevo bajo el sol !!

La S TS de 1 de abril de 2015 (núm. recurso: 103/2014) reitera, esencialmente, los criterios de contradicción tradicionalmente exigidos para admitir a trámite un RCUD.
Los hechos son sencillos. Un trabajador suscribió con el Ayuntamiento de Albacete un contrato de obra o servicio determinado en 2001 para la realización de actividades de educación de calle dentro de un proyecto público de prevención y tratamiento de conductas antisociales de menores y jóvenes. Su duración estaba prevista para un año natural, pero el trabajador permaneció en su puesto de trabajo hasta el 2 de mayo de 2010. El 3 de mayo de 2010 solicitó ser “declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular o subsidiariamente que se declarase su derecho al reingreso en caso de vacante en el puesto que desempeñaba”. Desde esa fecha pasó a trabajar como funcionario interino del Ayuntamiento de Albacete, con categoría profesional de psicólogo para la ejecución de un programa de formación concreto.
En mayo de 2010 la Junta de Gobierno del ayuntamiento le concedió al actor la excedencia solicitada. En mayo de 2010 en sustitución del trabajador excedente se contrató interinamente a Dña. Carmela, siendo cesada en diciembre de ese mismo año, al terminar el programa público tal y como fue concebido.
En abril de 2011 el actor solicitó su reingreso como educador de calle, y en mayo de 2011 aceptó un puesto como psicólogo, presentando un escrito de renunciando a la petición de reingreso de abril de ese año, e interesando que se le declarase en situación de excedencia voluntaria por interés particular. En mayo de 2011 fue nombrado como funcionario interino, con categoría profesional de psicólogo para el desarrollo de otro programa público.
En abril de 2012 el actor solicitó el reingreso como educador de calle. Pero dicha solicitud fue denegada por resolución del concejal delegado de interior, recursos humanos y seguridad en mayo de 2012.
En junio de 2012 presentó reclamación administrativa previa.
La sentencia del JS núm. 1 de Albacete desestimó la demanda de despido, declarando la falta de acción del actor y, por tanto, la inexistencia de despido.
El recurso de suplicación se resolvió por la sentencia de 5 de junio de 2013 por el TSJ de Castilla-La Mancha, desestimando el recurso impetrado por el trabajador, confirmando la sentencia de instancia.
El recurso de casación para la unificación de doctrina se admitió a trámite en septiembre de 2014.
El TS en esta sentencia desestima el RCUD.
El objeto de lo debatido se circunscribe a concretar si la decisión empresarial de no readmitir al excedente voluntario poder ser considerado despido. Se trata de calificar jurídicamente dicha decisión el ayuntamiento.
La sentencia de contraste [del País Vasco, de 29 de febrero de 2000 (núm. recurso: 2889/1999)] contempla un supuesto muy similar, muy parecido. Un trabajador del Patronato Municipal de Deportes solicitó la excedencia voluntaria disfrutando de ella y solicitando el reingreso antes de finalizar la excedencia concedida. El reingreso le fue denegado porque el Patronato Municipal de Deportes se había disuelto y su personal se había integrado en la plantilla municipal, amortizándose la plaza que ocupaba en la relación de puestos de trabajo.
El trabajado accionó por despido contra la decisión de no readmitirle y la sentencia de instancia, sin entrar a conocer del fondo del asunto, estimó inadecuado el proceso por despido para resolver la cuestión planteada. En suplicación la sentencia de contraste rechazó la excepción apreciada y, entrando en el fondo del asunto, acordó anular la sentencia de instancia y devolver las actuaciones al Juzgado para que dictara otra sentencia que calificase la extinción contractual producida.
El Ministerio Fiscal entendió que las sentencias no son contradictorias.
En el caso de la sentencia de contraste la cuestión jurídica debatida consistía en determinar el procedimiento adecuado para encauzar la demanda por despido que se concretó en la negativa definitiva a la reincorporación “por haberse amortizado la plaza ocupada”. En el supuesto de la sentencia recurrida, el problema no hubo dudas sobre el procedimiento a seguir, acudiéndose al de despido, aunque se desestimó la pretensión por no “existir vacante a la que el trabajador tuviese derecho a reincorporarse”, de lo que se deduce que la actuación de la empresa no fue constitutiva de despido.
La sentencia recurrida, entre, en definitiva, a entender del fondo del asunto, aunque lo desestima, mientras que la de contraste no entre a conocer del fondo del asunto. Diferencias insalvables desde el punto de vista la contradicción procesal requerida para admitir a trámite el RCUD. En términos de la propia resolución: “no pueden existir doctrinas contradictorias porque una sentencia, la recurrida, resuelve sobre el derecho del actor a reincorporarse tras la excedencia voluntaria, mientras que la otra resuelve cual es el proceso adecuado al efecto dejando imprejuzgado el fondo del asunto”.


miércoles, 17 de junio de 2015

§ 78. Prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.


  Hace menos de un año, en octubre del año pasado, celebrábamos en Cáceres, con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil unas jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales en al Guardia Civil. Veinte conferencias y dos mesas redondas en una semana intensa de trabajo, con gran asistencia de público, principalmente profesionales de la Benemérita.
  Cuando organizamos académicamente las Jornadas atendimos a dos criterios fundamentales. En primer lugar que se tratara, como si de un zoom panorámico se tratase, la mayor cantidad posibles de temas. Pretendíamos barrer en aquellas 1ª Jornadas todo el espectro posible de la problemática.
  Ahora se presenta las actas de las jornadas, que recogen las conferencias de las mismas, algunas en modo resumen, otras algo más extendidas, con el objeto de servir de base para la confección de unas nuevas IIª Jornadas en la materia, con el propósito de especializar la temática y poder ahondar en la idionsincracia propia y característica.
  El libro ha estado financiado, en su totalidad, con la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, a quien públicamente se agradece su apoyo.

lunes, 15 de junio de 2015

§ 77. Elogio de la Revista de Seguridad Social.

 Períodos convulsos vivimos en el mundo de las publicaciones jurídico-laborales: editoriales, revistas, y libros. Además de la imparable presencia de los libros en formato electrónico, en algunas de las varias plataformas que existen, las tradicionales revistas en papel [y, por extensión, en formato electrónico] han vivido una auténtica revolución: cambios de directores, refundación de las clásicas en una nueva,  e incluso modificación de estrategias. La REDT ahora es la nREDT, Aranzadi Social se ha refundido con otras en esta nueva, que al menos mantiene la numeración histórica, lo cual es de agradecer, el grupo la Ley extingue Actualidad Laboral y Relaciones Laborales y crea una nueva revista, que tiene todos los visos de convertirse en señera en la materia.
 Pero en este mundo tan complicado, tan intrínsecamente competitivo, hay todavía iniciativas que sorprenden, por su valentía, por su acierto, por su interés, y porque, de alguna manera, nos conectan con aquellas forma de hacer trabajos académicos de hace años... el papel, la cita con mención de pie de página y no con la sustitución por el formato electrónico, la acumulación de volúmenes en la estantería... La vuelta a los fundamentos básicos de la construcción académica.
 La creación, por la iniciativa y el empeño personal de Francisco Ortiz, de una Revista completamente nueva, como la Revista de Seguridad Social, es, desde luego, una idea muy interesante y encomiable. Por dos razones. En primer lugar porque no cuenta con apoyo alguno para su edición, él y sólo él empuja esta idea, respaldado únicamente por su capacidad y su ilusión y la experiencia que tiene por haber construido una de los proyectos editoriales más bonitos en el área social del derecho: la editorial Laborum.
 Comenzar una revista jurídica de publicación periódica sin ningún tipo de apoyo institucional, sufragando su edición, con el objetivo de situarse en un estrato significativo del mercado jurídico es un esfuerzo que merece la pena ser destacado. No sólo tiene que convencer a los suscriptores de este tipo de revistas: universidades, bufetes de abogados y procuradores, instituciones oficiales: colegios de abogados y demás... Sino que tiene que situarse en el mercado competitivo, "robando" clientes de otras revistas más clásicas, más señeras, y con un fondo de armario más que notable.
  Además se hace abriendo una brecha en el mercado, a puerta gayola: directamente acudiendo a un sector del mercado editorial no tratado directamente por ninguna otra revista, la Seguridad Social. Más allá de la idoneidad u oportunidad de esta idea, a mi juicio estupenda y completamente necesaria, debe reconocerse lo difícil que es abrir mercado sólo en un sector del ordenamiento laboral. Tiene una ventaja añadida, que sólo se apreciará dentro de un tiempo, cuando la revista se consolide: que puede convertirse en la revista, en la referencia en la materia, en la más importante dentro de su espectro objetivo de actuación.
  La labor de dirección de la revista, la responsabilidad académica no puede estar en mejores manos. El Profesor Monereo Pérez está construyendo (lleva ya tiempo en ello) una de las editoriales más bonitas y más versátiles en la actualidad del Derecho del Trabajo, la editorial Comares con iniciativas tan interesantes como la recuperación de obras clásicas en la materia. Estoy convencido que va a llevar a buen puerto este proyecto editorial.
  No soy objetivo en este tema. Tampoco lo pretendo, esto es un blog personal, propio y que sólo responde a los propósitos de su redactor. Tengo por Paco Ortiz lo que, recusablemente se considera un afecto sincero, desinteresado y que se fortaleza con el trato. Tengo una amistad con Paco, por muchas razones, que ahora no vienen al caso. Le tengo no sólo por persona cabal, sincera, afectiva y muy cariñosa, sino, a lo que ahora importa, de gran preparación jurídica, finalmente adornada con la lectura de su tesis doctoral (lástima que no pude ir al acto, el miércoles anterior estuve en Murcia y desde Cáceres, volver en cinco días era inviable desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar: hijos, más que nada...), y con una iniciativa personal enorme, con una capacidad de autogenerar ilusión para acometer proyectos editoriales estupenda. 
 La revista merece tener no sólo una oportunidad, que la tiene y que creo que la va continuar teniendo, sino éxito. Exito, en el sentido que los proyecto editoriales lo tienen que tener: continuar editándose con periodicidad y continuidad con absoluta normalidad.
  Todos los académicos del Derecho del Trabajo tenemos que agradecerle el esfuerzo que realiza Paco Ortíz: personal, laboral, de coordinación, y supongo que incluso económico.

viernes, 12 de junio de 2015

§ 76. El derecho del trabajo y los estudios económicos.ERE

   Es una evidencia afirmar que el Derecho del Trabajo por sí solo es incapaz de solucionar la crisis de empleo tan terrible que vivimos en este país. Por muy buena técnicamente que sea la norma laboral, el Estatuto de los Trabajadores y las demás normas jurídicas que regulan la contratación de trabajadores, no se va a estimular por ello la contratación de trabajadores.
   Se puede intuir que una cierta reforma, en uno u otro sentido, puede favorecer en términos macroeconómicos la contratación de mano de obra. La flexibilización en la contratación quizá incremente el volumen de mano de obra empleada. Pero no hay seguridad en qué sentido las reformas laborlaes influyen en la contratación de trabajadores. Es probable, por ejemplo, que una flexibilización del despido colectivo favorezca el volumen de EREs; del mismo modo, la eliminación del control de la autoridad laboral puede suponer una cierta facilitación de los EREs.
   Pero no hay seguridad de cómo influyen las reformas laborales en la contratación de mano de obra, y, sobre todo, es muy difícil calibrar en qué medida, concreta en términos numerosos y de variables económicas.
   A diferencia de otras normas jurídica, principalmente las que disciplinan el mercado económico, la repercusión de la influencia de las normas laborales sobre el mercado de trabajo es más que cuestionable. Los laboralistas podemos intuir, con una cierta dosis de seguridad en qué dirección se va a mover el mercado laboral con tal o cual reforma. Por ejemplo: la imposición de un período de prueba de un año al contrato de emprendedores puede favorecer que se empleo dicha modalidad; la concreción de la causa de despido colectivo y la limitación a su impugnación jurisdiccional va a estimular el número EREs; la modificación de las reglas del absentismo va a suponer una reducción de las ausencias al trabajo; o, por ejemplo, la flexibilidad en la alteración sobrevenida de la jornada ordinaria de trabajo va a endurecer las condiciones de ejercicio de la actividad laboral. 
    Intuimos el impacto de las reformas, podemos calibrar el camino hacia donde se dirige el mercado laboral, pero no podemos determinar en términos concretos cuánto va a ser el crecimiento del mercado laboral; no podemos saberlos en términos exactos, sino únicamente en términos de tendencias, más o menos concretadas, más o menos fiables.
   Por eso es importante que la dieta lectora del laboralista se complemente con estudio económicos, más o menos generalistas. Se pretendería, con estas lecturas complementarias, comprobar hasta qué punto son eficaces las normas laborales, detectar cómo se han implementado las modificaciones en el mercado laboral y qué influencia han tenido. Es, por decirlo en términos crudos: asumir dosis de realidad, de puñetera realidad.
   A veces esos estudios, como por ejemplo el que firmaron cien economistas hace unos años sobre las ventajas del contrato único, aportan argumentos bastante fructíferos para el debate sobre la eficacia de las normas laborales.
   A veces, sin embargo, la lectura de estos estudios no aporta nada provechoso, o lo aporta en términos difusos, sutiles.
  En Cuadernos de Información Económica (el número 246 de este año) acabo de leer un trabajo sobre las consecuencias de la reforma laboral de 2012 tres años después de su promulgación, que me ha sorprendido. No tanto por las conclusiones a las que llega, que son más que discutibles, sino por el método que emplea para llegar a ellas. Tras su lectura -según los autores- sólo puede llegarse a una conclusión: la reforma laboral ha servido para incrementar la contratación de trabajadores, reduciendo la dualidad del marco laboral, flexibilizando internamente el mercado de trabajo. Y no es que no se compartan algunas de las conclusiones a las que llegan, sino que la forma mediante la que se deducen dichas consecuencias son muy distintas que los esquemas laborales de investigación. No es que sea mejor o peor, es que son distintas y muy diferentes. Distintas ciencias, distintas metodología de análisis. Nada más.
   La descripción de los propósitos que pretende la reforma se juntan, sin demasiada coherencia interna, con los resultados que esta obtiene. Y el salto interpretativo se hace, sin más ni más, basándose en argumentaciones propias de la exposición de motivos y del texto normativo.
    Las ideas fuerza del trabajo son varias:
     - la flexibilidad interna que se potencia con la reforma propicia una menor destrucción de empleo;
   - la negociación colectiva ha sido un obstáculo para favorecer la adaptación de la estructura salarial a las realidades de la crisis económica y el necesario -para los autores- ajuste a la baja de dichos salarios: el convenio de empresa y su prevalencia en determinadas materias va a solucionar estos problemas;
  - la rebaja de la cuantía por despido favorece la contratación de mano de obra;
 - la concreción de las causas de despido colectivo propicia una menor litigiosidad, facilitando el empleo de este recurso;
 - la implementación de una progresiva indemnización para los contratos temporales reduce la dualidad del mercado de trabajo; 
  - el contrato de apoyo a emprendedores permite el ensayo de contrataciones novedosas;
 - el castigo al encadenamiento de contratos temporales castiga el abuso de dichas modalidades de manera fraudulenta; 
  - la mejora de los mecanismos de intermediación laboral propicia una flexibilidad en la contratación.
   Estos son los datos tenidos en consideración, asumiendo que las consecuencias de las medidas legislativas son las que la propia norma en su exposición de motivos dice. 
    La segunda del estudio maneja cuatro informe que se han publicado sobre el impacto de la reforma en el mercado laboral: uno del Servicio de Estudios del BBVA de 2013, otro de la OCDE de 2014 y otro propio del Banco de España y el último el propio del Ministerio de Empleo de 2013.
  Agrupa las conclusiones en dos grandes bloques: contratación, despido y dualidad laboral, y Salarios y negociación colectiva.
   Se exponen las contradicciones de los diferentes informes en relación a los indicadores que manejan para llegar a conclusiones que son, más o menos, los propósitos enunciados en la norma, siendo muy cautelosos en dicha conclusiones, pues se asume que "todavía no contamos con una evaluación rigurosa de sus efectos", porque todavía los estudios son provisionales. 
   Se observa, además, y en esto se coincide con la perspectiva laboral que "la experiencia muestra, además, que las reformas laborales pueden tener efectos inesperados que pueden manifestarse años después de su implementación". Aun con estas cautelas se afirma que "hasta el momento en materia de contratación y despido son claramente insuficientes para erradicar la dualidad en la que se lleva décadas inmersa la economía española". Es dudoso, según el informe, que las medidas que patrocinan la limitación a la contratación temporal sea eficaz en términos de erradicación de la dualidad laboral. Del mismo modo, se sostiene que la limitación a la ultraactividad permite aquilatar las condiciones laborales a las necesidades de las empresas.
   Datos, conclusiones y consecuencias no desconocidas desde el punto de vista del Derecho del Trabajo pero que, como ocurre en nuestra rama académica, no son capaces de aquilatar las consecuencias de la reforma.
   En definitiva, la lectura de estudios económicos sobre la influencia de las reformas laborales pueden servir de complemento al estudio meramente jurídicos, lo enmarca, lo concreta, lo encauza... pero no es capaz de concretar, como le ocurre al propio Derecho del Trabajo, en toda la deseable fiabilidad en qué medida la norma laboral impacta en el mercado de trabajo...
  Hace falta más estudios, laborales y económicos, para determinar con total fiabilidad esta variable, esta consecuencia, este propósito... pero sin duda las diferentes ciencias se complementan más que se excluyen, y este trabajo es una buena prueba de ello.