- Me parece bien que el gobierno, en uso de sus legítimas facultades, indulte a quien entienda oportuno. Suya es la competencia, suya la responsabilidad.
- No me parece correcto, -es más, me parece muy incorrecto- el pronunciamiento de la Sala II del TS con respecto a la hipótesis de que el Gobierno indulte a los políticos catalanes condenados por dicha sala.
Pero a lo que vamos: me he quedado verdaderamente sorprendido de la lectura del comunicado conjunto que los dos sindicatos más importante de este país han elaborado en relación a la posibilidad de que el Gobierno indulte a los políticos catalanes presos por la intentona de golpe de estado en octubre de 2017.
El comunicado conjunto -titulado, nada menos que : “Un indulto necesario para un nuevo tiempo político”- que puede leerse aquí: https://www.ugt.es/un-indulto-necesario-para-un-nuevo-tiempo-politico, no tiene, a mi juicio, la más mínima conexión con las materias de calado social de las que se tiene que encargar un sindicato.
Su comunicado se sitúa en el terreno de la política, bordeando su función constitucional, y no tiene más interés que el que apuntalar una determinada acción política. No tiene ninguna relación con el interés de los trabajadores, ni siquiera de sus representantes, ni siquiera están defendiendo al sindicato como institución, aspectos este último que legitimaría su intervención.
El el tono de la declaración, el contexto en el que se produce, y el tenor literal de lo que enuncia no deja lugar a dudas: estamos en presencia de un apoyo político gubernamental.
Reproducimos algunas expresiones del mismo: “…en el medio y largo plazo” comienza “la canalización de los fondos de recuperación europeos aparece como determinante para mejorar cualitativamente el modelo económico y social de nuestro país.
Ante esta expectativa” continúa el comunicado, “seguimos instalados en un nivel de frentismo político muy poco recomendable para abordar políticas de las que se denominan “de país”, que requerirían de ciertos consensos básicos que hoy parecen improbables en el concierto político español…”
Ya sin ningún tipo de reparo prosigue afirmando: “…No es el objeto de este comunicado relatar lo sucedido desde la aprobación de las llamadas leyes de desconexión y la DUI hasta la actualidad. Solamente constatar que las vías de negociación entre las distintas fuerzas políticas catalanas por un lado y las de instituciones del autogobierno catalán con las del conjunto del país por otro, tienen un papel decisivo que jugar…”
Llegando finalmente a la conclusión: “Para propiciar ese escenario de diálogo y negociación, que sirva para reconducir las cosas al camino deliberativo y transaccional propio de la política, es evidente que la permanencia en prisión de líderes políticos y sociales catalanes es un serio impedimento”.
Por lo que: “…las confederaciones sindicales de UGT y CCOO entendemos que un proceso de indulto a los líderes citados es condición necesaria -aunque con toda seguridad no condición suficiente- para superar episodios pasados. Hay que recuperar el valor del diálogo, la negociación, la voluntad de acuerdo. Y para ello el concurso de estas personas -referentes en sus partidos y movimientos sociales y que han pasado ya un largo periodo en la cárcel- es imprescindible”.
Cómo puede apreciarse de su texto no está en el juego ni derechos de los trabajadores en sentido estricto: laborales, sociales, de protección social, de prevención de riesgos laborales, ni indirectos, vivienda, coste de la vida, educacion, inflación, etc.
Constituye un posicionamiento de apoyo al Gobierno, probablemente para crear un clima propicio en la clase trabajadora que asuma como inevitable la concesión de los indultos.
Asumir, como asumen los dirigentes de los sindicatos firmantes de este comunicado, que toda la clase trabajadora entiende razonable la concesión de los indultos es, cuanto menos, cercenante de la deseable pluralidad que deben existir en las organizaciones sociales. Otra cosa que no he conseguido entender nunca, aunque eso da para mucho más que una entrada en un blog, es la razón por la que la izquierda -social, política, cultural, sindical- le ríe las gracias al nacionalismo más excluyente, burgués, elitista y desinteresado por la clase trabajadora. Es, sencillamente, un complejo, algo difícil de superar si no es tratado profesionalmente.
Una cosa es -por eso insistía al comienzo que esta es la opinión de un profesor, no de la universidad en la que ejerce su actividad-, que el secretario general de algún sindicato pueda, en alguna entrevista en radio o televisión, o incluso firmando un artículo en un período exponer su visión personal sobre el asunto. Pero otra cosa, muy distinta, es que el sindicato se posicione institucionalmente a favor de una actuación política en sentido estricto en la que no tiene ninguna competencia y que no afecta en absoluto a los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras.
No se trata de subrayar que hay trabajadores en Cataluña que están en contra de la concesión de los indultos, porque esto es enredar demasiado la cosa y no se trata de esto.
Porque, además, es totalmente innecesario. El Gobierno no necesita ni cobertura política, ni tutelas para el ejercicio de una potestad que sólo a él le compete. Ni lo necesita, ni creo que sea útil si verdaderamente el Gobierno pretende conceder el indulto.
Simplemente pretendo subrayar lo que considero un error. Uno más de los varios que está comiendo el sindicalismo español. A mi juicio tres son los errores de bulto en los que ha incurrido en los últimos tiempos:
El primero es posicionarse claramente como un actor más del juego político. Declaraciones como las de este tipo, y otras varias que pueden sacarse de la hemeroteca nada ayudan al entendimiento del sindicato como un ente institucional dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores.
En vez de entender que los derechos de los trabajadores se defienden desde la actuación sindical se ha entendido que se defienden desde la actuación política. Es un modelo hipertrofiado de funcionamiento, que no consigue la eficaz defensa de los derechos de los trabajadores.
Prueba de ello es la absoluta y radical falta de crítica que estos sindicatos manifiestan con la actuación gubernamental en materia laboral.
Y materias para la crítica hay, y muchas. Los aspectos más lesivos de los derechos de los trabajadores de la reforma laboral del 2012 no se han eliminado.
Se ha suprimido el art. 52.c) ET pretendiendo hacer ver que era un producto de la reforma laboral del PP, cuando es un artículo que está en el ordenamiento jurídico desde 1977. Dicha derogación ha funcionado como un trampantojo, un señuelo, un “Toten tabú” sobre el que poder diferir modelos de actuación legislativa.
Pero de lo mollar de la reforma laboral no se ha modificado nada: ni la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, ni la vigencia del convenio colectivo una vez extinguido, ni los mecanismos (varios) de descuelgue que se implementan en la norma sobre determinadas materias…
El segundo error, a mi modesto parecer, es abandonar ese sindicalismo pedagógico y reivindicativo a la vez, que era divisa en el funcionamiento obrero de la transición.
El sindicalismo que explicaba a la ciudadanía el porqué de las cosas, la importancia que tenían, y el papel fundamental que había jugado el sindicato en la obtención del logro.
Recordamos, con cierto orgullo, la fuerza sindical que tenía el sindicalismo patrio a mediados de los 80 que fue capaz de poner a un gobierno auténticamente socialista contra las cuerdas por la aprobación de un plan de empleo juvenil. Nada de esto puede reclamarse del funcionamiento sindical actual, dedicado a apoyar al Gobierno en temas de naturaleza política como éste. ¿Ese éxito para la defensa de los derechos de los trabajadores se consiguió por actuar como un sindicato “político”? No, en absoluto, se consiguió por ser un sindicato que representaba a los intereses de la clase trabajadora.
Sin ir más lejos esta semana se ha producido, como casi toda la semanas por otra parte, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vuelve a poner en solfa los modelos de contratación temporal en nuestro ordenamiento jurídico, y el fraude de ley que supone el abuso de los mismos. Pues bien, a lo mejor, es el momento de que el sindicato explique cuál es su posición, reafirme su compromiso con un modelo laboral estable, y exponga con la suficiente pedagogía social, jurídica y técnica, qué pretende y cómo lo quiere.
En definitiva se ha abandonado un sindicalismo técnico y se ha fomentado un discurso político. Creo que la defensa de los trabajadores hay que hacerla desde los dos ámbitos, pero sin abandonar el camino de la técnica, y del día día.
Hay un tercer error que creo que antes o después los entes sindicales se darán cuenta: la gran traída y llevada “unidad de acción sindical”. Una cosa es que los dos sindicatos más importantes de este país, los que verdaderamente pueden mover tanto a los trabajadores, por un lado, como a los entes gubernamentales, por otro, se pongan de acuerdo en determinadas materias verdaderamente trascendentes para los derechos de los trabajadores: salario mínimo, prevención de riesgos laborales, etc., y otra muy distinta es que vayan de la mano a todas horas en todos momentos, en todas las actuaciones.
Es razonable que acudan juntos al día del trabajo, o que tengan eslóganes idénticos para "vender" su producto, también es razonable que las reivindicaciones de calado y profundidad sean conjuntas. Pero que en todo caso, siempre y en todo momento, cualquier actuación sindical tenga que estar reforzada por esta medida de acción sindical conjunta, sin que exista la más mínima diferencia entre los dos sindicatos más importantes de este país, en vez de sumar, creo, sinceramente, que resta.
No se trata de que estén a la gresca, ni siquiera de que estén en conflicto, se trata de que se pueda apreciar entre ellos signos diferenciadores que faciliten el apoyo de los trabajadores a uno o a otro.
Creo que se ha entendido mal la unidad de acción sindical, que lo que se está convirtiendo es en una especie de sindicato supra sindical que tiene vida propia, que juega a la alta política institucional, que mira por sus intereses supervivénciales más que por los de los trabajadores, y que, en realidad, juega como lo hacen los partidos políticos. Es decir, juega a la política para defender sus propios intereses estructurales, de organización, de ente sindical.
Nos hemos cansado de decir todos los ciudadanos que los partidos políticos están desconectados de la realidad y de los ciudadanos, que hablan solamente "de sus cosas”, y que eso produce desafección en la ciudadanía, que los ve como entes lejanos apagados a sus propios intereses, y desconectados de la realidad social.
Es hora de empezar a denunciar que el sindicalismo patrio con esta unidad sindical, que nadie entiende, también está defendiendo: “sus cosas”, sus cuotas de poder, su protagonismo institucional, su perfil de ente político.
Y es una pena, porque tener un sindicalismo fuerte, operativo, con músculo y capacidad combativa frente al poder político es, imprescindible, para la defensa de los derechos de los trabajadores. La “lucha” sindical ha pasado de ser una reivindicación constante de los trabajadores a una búsqueda permanente del lugar que le corresponde al sindicato como institución.
Pero el arribismo que a veces manifiestan estos dos sindicatos con el poder político les perjudica a ellos, y, a lo que a mi me importa, a los derechos de los trabajadores. Que un sindicato decida suicidarse no es nada extraño, ya lo hemos visto con algunos y lo hemos visto también con partidos políticos y asociaciones de gran predicamento socia. Que se lleve por delante a la representación de los derechos de los trabajadores y que eso quede como un mero reducto del pasado no se le puede perdonar.
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